Proyecto de Ley del Senado 439

A pesar de que generalmente los menores de edad que incurren en actividades ilegales no son juzgados en un tribunal penal de adultos, salvo algunas excepciones, existen casos que tampoco pueden ser manejados por el tribunal de menores, ya que se considera que, aunque sus medidas suelen mucho menos restrictivas que las que pueden imponerse a un adulto, la edad del menor amerita que el caso no sea manejado de manera informal y no mediante un procedimiento judicial.

En septiembre del 2018, el gobernador de California, Jerry Brown, promulgó el Proyecto de Ley del Senado 439, el cual estipuló que el sistema de justicia juvenil de este estado no tendría jurisdicción sobre aquellos menores de 12 años. Sin embargo, la excepción son los casos de menores de esta edad que han perpetrado ciertos delitos que se consideran muy graves, como violación, asesinato, copulación oral forzada, sodomía, o penetración sexual forzada. Además, se atiende al medio empleado para su comisión, ya que deben haber empleado violencia, fuerza, o amenazas. A continuación, conoceremos algunos aspectos relevantes de esta ley y las dificultades que ha presentado para el sistema de justicia juvenil.

Si se le acusa de perpetrar un acto delictivo, es crucial que cuente con la asesoría de un abogado de LA Criminal Defense Attorney, la cual está ubicada en Los Ángeles, California. Nos encargaremos de asesorarlo sobre cómo actuar y cuáles son los pasos a seguir para evitar sufrir consecuencias graves por violarla.

¿En qué consiste esta ley?

Antes de su promulgación, el sistema de justicia de menores podía juzgar a todos los menores de edad, por lo que cualquier menor de 18 años que incurriera en un hecho punible era sometido a un procedimiento judicial en este tribunal, sin que existiera una disposición en la ley que estableciera un límite de edad para ello. Pero esto cambió con esta ley, la cual establece que el tribunal únicamente tiene jurisdicción cuando el menor tiene entre 12 y 17 años y ha perpetrado un acto que es contrario a la ley estatal, nacional, o a las ordenanzas municipales.

Sin embargo, dispuso que esta jurisdicción se mantiene sobre los menores de 12 cuando han incurrido en violación, asesinato, sodomía, penetración sexual forzada y copulación sexual forzada. Pero para todos estos actos salvo el asesinato, se requiere que haya utilizado fuerza, amenazas, o cualquier forma de coacción.

Por otro lado, resulta importante mencionar que ciertos casos de menores de edad son juzgados en un tribunal penal de adultos, siempre que tenga mínimo 16 años y sea sospechoso de cometer un delito que se encuentre entre los especificados en el artículo 707(b). En tal caso, se lleva a cabo una audiencia de transferencia donde el juez decide si el caso amerita su transferencia al tribunal penal de adultos.

Pero ¿Qué ocurre con los menores de 12 años?

Cuando un menor de edad incurre en una violación de la ley que no es alguna de las excepciones indicadas anteriormente, los estados y los condados deben encargarse de manejar estos casos de manera informal con medidas menos restrictivas. Sin embargo, la ley no establece cuál es el órgano encargado de elaborarlas, pero hace referencia a que las instituciones escolares, comunidades e instituciones de salud pública pueden encargarse de implementarlas.

¿Cuál es el fundamento de esta ley?

Esta ley significó un gran cambio para el sistema de justicia juvenil en este estado, ya que modificó sus competencias. Para una mejor comprensión de la misma, debemos conocer la razón por la cual los legisladores consideraron que esta regulación era importante.

En primer lugar, estudios avalan que cualquier contacto con el sistema de justicia juvenil a una edad tan temprana, puede traer consigo una serie de efectos negativos sobre el menor, entre los cuales destacan inconvenientes para su desarrollo personal y educativo. Por otro lado, entre más temprano sea dicho contacto, se eleva la probabilidad de que se convierta en un delincuente habitual después de la mayoría de edad, lo cual significa que reincidirá de manera constante.

Por último, el cerebro de los niños requiere un periodo de tiempo extenso para desarrollarse a tal punto que pueda considerarse que posee el mismo nivel de madurez y la capacidad de razonar y discernir que tiene un adulto.

¿Cuáles son los objetivos de esta ley?

Esta ley fue promulgada en el mes de septiembre del 2018, y entró en vigencia en el mes de enero de 2019. Con ella, California pasó a formar parte de la lista de los 20 estados que han estipulado una edad mínima para el juzgamiento de menores en el tribunal de menores, las cuales varían entre los 6 y los 12 años de edad. Entre ellos, el estado de Massachusetts fue el primero en legislar al respecto. Algunos de los objetivos que se logran alcanzar con esta ley son los siguientes:

Lograr que los menores de 12 años no deban someterse a un procedimiento judicial ni sufrir las consecuencias propias de incurrir en hechos punibles a tan temprana edad.
Garantizar vías alternativas para alcanzar la rehabilitación de estos jóvenes, ya que se considera que su comportamiento es reflejo de que no se están satisfaciendo sus necesidades.
Implementar los recursos existentes y nuevas medidas que sean más apropiadas para la edad del menor, las cuales son más efectivas para lograr su rehabilitación.
Obligar al condado a crear estas nuevas medidas alternativas.

Antes de que este estado estableciera un mínimo de edad para el procesamiento de jóvenes, ya existían estudios que indicaban que involucrar a un niño a este sistema tan temprano podría conducir a que se le produjera un daño significativo a su salud, debido a que no son capaces de comprender el sistema y el procedimiento al que están siendo sometidos.

Además, la mayoría de los jóvenes que se sometían a este tribunal habían cometido delitos menores o infracciones de la ley que no eran consideradas graves. Pero, este sistema no contaba con las medidas y los recursos necesarios para atender sus necesidades, así que puso fin al procesamiento de estos jóvenes y se propuso el desarrollo e implementación de las medidas y los servicios necesarios para su rehabilitación, como educación y atención médica y psicológica. De esta forma, se le proporciona al menor el tratamiento y la asistencia que realmente necesita en vez de presentar cargos en su contra en el tribunal de menores.

Por otro lado, los menores de edad son diferentes a los adultos con respecto a su desarrollo, esto ha sido avalado por estudios científicos y disposiciones judiciales. Debido a su inmadurez, no suelen prever las consecuencias de sus acciones y son más vulnerables a presiones externas, manipulaciones y actuaciones impulsivas. Sin embargo, esta misma inmadurez es lo que los hace muy capaces de corregir su conducta incluso con medidas flexibles y no restrictivas, lo cual es una gran diferencia con respecto a los adultos. Por esta razón, se considera que lo adecuado es protegerlos y proporcionarles el debido cuidado y protección que su edad amerita, en vez de someterlos a las mismas sanciones que a un adulto, lo cual sería excesivo.

Además, se considera que cualquier contacto del joven con el procedimiento judicial formal y los órganos del sistema de justicia a tan temprana edad entraña consecuencias adversas que pueden afectarlo de por vida, aunque no se apliquen medidas severas. Esto, puede agravar los problemas psicológicos que lo hicieron incurrir en las conductas delictiva en primer lugar, lo cual lo hace susceptible de reincidir en el futuro, de manera que no se cumpliría el objetivo principal del sistema de justicia juvenil, que consiste en rehabilitar al menor evitar su reincidencia.

Esta ley también busca eliminar las prácticas discriminatorias arraigadas en este sistema, dado que se ha demostrado que la mayoría de los menores que son arrestados o sometidos a el procedimiento del tribunal de menores son latinos y afrodescendientes, por lo que los legisladores consideraron que se debían limitar las facultades de este órgano, ya que de lo contrario se estaría promoviendo el racismo institucional.

Al mismo tiempo, la mayoría de los casos de menores de edad que eran juzgados en este tribunal eran desestimados o no recibían una sentencia condenatoria, por lo que consideraron que procesarlos no era necesario ni rentable. Este procedimiento genera elevados costos correspondientes a servicios policiales, legales, y judiciales. Además de los costos que surgen de la supervisión de la libertad condicional y de los servicios proporcionados por las instituciones correccionales que se encargan del confinamiento del menor.

¿Cuáles son las repercusiones que el procedimiento puede tener sobre el menor?

Como señalamos anteriormente, uno de los fundamentos principales de esta ley es evitar los efectos negativos que el sistema de justicia puede tener sobre el niño si llegara a involucrarse en el mismo, por lo que con otras alternativas se logra garantizar su bienestar, mientras se protege la seguridad pública.

Entre los efectos que la interacción con estos órganos puede tener sobre el menor se encuentran los siguientes:

Muchos de los jóvenes que entran en contacto con los órganos del sistema de justicia han sufrido maltrato, negligencia y abandono, lo cual ha influenciado su conducta y les ha ocasionado dificultades de aprendizaje, y emociones negativas, como frustración, depresión, temor, trauma, y estrés. Estos pueden agravarse si se someten al sistema de justicia juvenil. Además, pueden temer ser separados de su familia, o ser deportados, en caso de los inmigrantes.
Los jóvenes que son condenados, adquieren antecedentes penales, lo cual puede dificultar el acceso a oportunidades educacionales y laborales.
Conduce a que sean discriminados por parte de la sociedad, lo cual afecta su autoestima de forma severa.
Cuando los jóvenes son arrestados y confinados en el correccional de menores, esto puede hacerlos asociarse con bandas criminales y delincuentes, lo cual puede influenciar su comportamiento negativamente.

Es importante resaltar que, bajo este sistema, sólo se separa al niño de su familia en casos excepcionales que lo ameriten. Entre ellos, que el menor presente síntomas de trastornos psicológicos, por lo que necesite ser atendido por un profesional y deba alejarse de su familia hasta que complete el tratamiento. Así como también que hayan sido víctimas de negligencia infantil, necesiten ser atendidos médicamente de forma inmediata, o el ambiente del hogar del menor significa un riesgo para su bienestar.

¿Cuáles proposiciones surgieron luego de esta ley?

Una proposición fue aprobada en el 2018 por la Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles, la cual ordenó a la División de Desviación y Desarrollo de menores formular un plan para la implementación del proyecto de ley mencionado. Para la elaboración de esta ley, este organismo fue asesorado por el departamento de libertad condicional del condado de Los Angeles, además de otros organismos del condado. Entre sus objetivos destacan los siguientes:

Promover los proyectos de desarrollo y desviación de casos de menores que ya existían.
Cumplir con las condiciones del Proyecto de Ley del Senado 439.
Establecer un plan para el manejo de los casos actuales y futuros de menores de 12 años que incurran en un hecho punible.
Identificar cuáles son los servicios y las medidas idóneas para lograr la rehabilitación del joven.
Establecer como prioridad brindarles atención psicológica a los menores de 12 que tenían un caso pendiente ante este tribunal, y posteriormente permitirles reintegrarse en la sociedad.
Extender la regulación acerca de las prácticas que deben ser implementadas y las condiciones que deben cumplirse.

¿Cuáles son los pasos a seguir para la aplicación de esta ley?

El artículo 602.1 del Código de Bienestar e Instituciones establece cuáles son las directrices para la aplicación de esta ley, entre ellas destacan las siguientes:

Proporcionar terapia psicológica a los menores, además de aplicar las medidas menos restrictivas para lograr su rehabilitación, las cuales deben incluir educación, atención médica y otros servicios comunitarios. Posteriormente, debe permitirse que regresen con su familia, siempre tomando en cuenta la seguridad ciudadana y el riesgo de que se produzcan un daño a sí mismo o a alguien más.
Cualquier otra intervención que se requiera para protegerlo siempre que sea adecuado a su edad.

¿Cuáles fueron las etapas de la aplicación de esta ley?

Para una correcta aplicación de esta ley, se llevaron a cabo varios actos luego de su aprobación, los cuales incluyeron los siguientes:

Se recabó información relevante sobre el condado de Los Ángeles y se planificó la forma en que la ley sería aplicada.
Se elaboró un plan para atender los casos de menores de 12 años ya existentes antes de la ley y después de la aprobación de la misma.
Se emitieron las notificaciones pertinentes a los particulares y a las instituciones involucradas en estos casos.
Se investigaron cuáles eran las medidas más adecuadas para colocar la ley en práctica.
Se comunicó a los funcionarios encargados de cumplir la ley sobre cómo debían manejar los casos de estos menores en adelante.
Se designó a un grupo de personas que serían los principales encargados de materializar lo estipulado en la ley, y se establecieron ciertas formalidades que debían respetarse.
Se identificaron cuáles eran los recursos y servicios disponibles en el condado.
Se involucró a los órganos y particulares relevantes para la implementación de la ley.

¿Cuáles fueron los efectos de esta ley?

Luego de la aplicación de esta ley en el estado, algunas de los efectos que se produjeron en el sistema de justicia juvenil fueron los siguientes:

Hasta la actualidad, ha existido una disminución progresiva del número de arrestos y casos de menores de edad manejados en el tribunal de menores, especialmente de menores de 12 años.
A pesar del intento del proyecto de ley 439 de acabar con las prácticas discriminatorias del sistema, se considera que estas aún existen, ya que la mayoría de los jóvenes que son arrestados y juzgados en este tribunal siguen siendo los afrodescendientes y latinos.
Ha disminuido el número de menores que son declarados pupilos de este tribunal de conformidad con el artículo 602 del Código de Bienestar e Instituciones. Actualmente, los casos se resuelven con la imposición de una libertad condicional informal o antes de que el fiscal presente cargos en su contra.

No obstante, incluso después de la implementación de esta ley, se mantuvieron ciertos problemas en el sistema de justicia juvenil, por lo cual fue objeto de muchas críticas. Uno de ellos está relacionado con el funcionamiento de la División de Justicia Juvenil debido a la fuerza excesiva que solía emplearse en esta institución, ya que existieron denuncias de que amarraban a los jóvenes o los hacían asistir a las clases en jaulas, además de hacerlos pasar periodos extensos en sus celdas, los cuales alcanzaban las 23 horas diarias.

Por otro lado, el objetivo del sistema de justicia juvenil es lograr la rehabilitación del menor, por lo que proveer atención psicológica es fundamental, pero este servicio solía fallar en la División de Justicia Juvenil. Además, solían utilizarse medicamentos psicotrópicos para mantener a los menores bajo control, y se presentaban episodios de violencia entre los jóvenes que se encontraban en estas instalaciones, sobre todo entre pandillas criminales.

Debido a todas las denuncias relacionadas, actualmente se ha efectuado una realineación de competencias de los estados hacia los condados, por lo que la mayoría de los casos de menores que han sido juzgados en este tribunal, son manejados por el departamento de libertad condicional del condado, y sólo los casos más graves reciben un confinamiento en la División de Justicia Juvenil como sanción, lo cual ha hecho que sólo un porcentaje mínimo de jóvenes deban enfrentarse a la medida más severa que contempla este tribunal.

Sin embargo, los órganos encargados de la libertad condicional también han sido objeto de críticas, debido a sus servicios educativos deficientes y las constantes peleas violentas que se presentan en estos establecimientos.

¿Cuáles sanciones suelen imponerse en el tribunal de menores?

Para un niño puede ser abrumador e incluso traumático enfrentarse a un arresto, un largo procedimiento judicial y el deber de cumplir con las medidas que suelen imponerse tras un procedimiento judicial. Este tribunal está facultado para el juzgamiento de todo menor de 18 años, independientemente del hecho punible en el que haya incurrido, ya que puede juzgar los casos delitos menores, mayores y los llamados delitos de estatus, los cuales son aquellos actos que son punibles únicamente cuando un menor de edad incurre en los mismos, como el absentismo escolar.

Asimismo, las sanciones que pueden imponerse en este tribunal incluyen un régimen de libertad condicional informal que el joven debe completar satisfactoriamente para que se desestimen los cargos en su contra, sin que sea necesario que este admita las acusaciones de la petición que el fiscal ha presentado. Por otro lado, la sanción más grave que se contempla es el confinamiento en la División de Justicia Juvenil, la cual es impuesta a los condenados por los delitos más graves.

Este sistema de justicia está orientado a lograr la rehabilitación del menor, para que así reciba un tratamiento adecuado para corregir su conducta y luego pueda volver con su familia. Esto es una gran diferencia con respecto al sistema penal de adultos, el cual persigue castigar a los acusados que han incurrido en un acto ilegal. Sin embargo, esto no significa que sus conductas queden impunes en este tribunal, ya que a pesar de que sus sanciones no tienen la finalidad de castigarlos, también suponen cierto grado de disciplina. Entre ellas destacan las siguientes:

El pago de multas y una indemnización a la víctima.
Realizar servicio comunitario.
Asistir a clases de impacto a las víctimas.
Colocación en un hogar de crianza.
Régimen de libertad condicional
Confinamiento en un correccional de menores, campamento o rancho.
Confinamiento en la División de Justicia Juvenil

¿Cómo contratar el servicio de un abogado que se encuentre cerca de mí?

Debido a que los jóvenes y sus padres no suelen tener conocimientos sobre las normas relativas al sistema judicial, es fundamental que cuenten con profesionales que pueden asesorarlo al respecto. Para obtener el mejor servicio, debe contactar a nuestro grupo de abogados, ya que conocemos ampliamente el Proyecto de Ley del Senado 439 y estamos preparados para responder todas sus inquietudes.

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